Ciudad de México.– La investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) que llevó a la detención del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, se habría fortalecido con declaraciones de antiguos funcionarios estatales que estuvieron vinculados con las investigaciones de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
De acuerdo con información atribuida al periódico Reforma, dos de las personas que habrían colaborado con la Fiscalía son Lambertina Galeana Marín, expresidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, y Blanca María del Rocío Estrada Ortega, exsubprocuradora estatal. Ambas habrían obtenido un criterio de oportunidad a cambio de aportar información a la investigación.
La participación de Galeana Marín resulta particularmente relevante debido a que durante su gestión se encontraba bajo resguardo el sistema de videovigilancia del Palacio de Justicia de Iguala, cuyas grabaciones correspondientes a la noche del 26 de septiembre de 2014 desaparecieron.
El tema de esos videos no es nuevo dentro de la investigación. Desde años atrás, autoridades y organismos investigadores habían señalado inconsistencias respecto a la existencia, resguardo y posterior desaparición de las grabaciones. Incluso, documentos y testimonios previos han referido que las cámaras del Palacio de Justicia registraron movimientos relacionados con los hechos ocurridos aquella noche.
Testimonio de Leonardo Vázquez también apunta hacia Aguirre
A estas declaraciones se habría sumado el testimonio de Leonardo Octavio Vázquez Pérez, quien se desempeñó como secretario de Seguridad Pública y Protección Civil de Guerrero durante el gobierno de Aguirre Rivero.
Vázquez Pérez fue detenido en octubre de 2022, señalado por la FGR por delitos relacionados con delincuencia organizada y por su presunta responsabilidad por omisión en los hechos de Iguala. Desde entonces se encontraba sujeto a proceso. La existencia de una orden de aprehensión en su contra por delincuencia organizada y desaparición de los estudiantes fue reportada desde ese año.
Según la nueva línea de investigación de la FGR, después de obtener beneficios procesales, Vázquez habría rendido nuevas declaraciones ministeriales que fueron incorporadas al expediente contra el exgobernador.
Su testimonio, junto con las declaraciones de otras personas y el reanálisis de las evidencias, habría permitido a la Fiscalía sostener que Aguirre Rivero presuntamente ordenó ocultar o destruir los videos de las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala.
La acusación resulta particularmente relevante porque esas imágenes podrían haber aportado información sobre los movimientos de los estudiantes y de las corporaciones policiacas durante la noche en que fueron atacados y posteriormente desaparecidos.
Una nueva línea en una investigación de 12 años
La detención de Aguirre representa un nuevo giro en una investigación que comenzó hace casi 12 años y que ha atravesado distintas etapas, versiones oficiales y procesos judiciales.
El 26 de septiembre de 2014, estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa fueron atacados en Iguala y posteriormente 43 de ellos fueron desaparecidos. Aguirre era entonces gobernador de Guerrero y dejó el cargo en octubre de ese año, en medio de la crisis política provocada por el caso.
La FGR sostiene ahora una hipótesis centrada en el presunto ocultamiento y destrucción de evidencia, mientras que la investigación también contempla responsabilidades relacionadas con la obstrucción de la justicia y la desaparición de personas.
El caso de los videos del Palacio de Justicia ya había sido señalado como una de las irregularidades que debían esclarecerse. Incluso, en investigaciones anteriores se documentó que Lambertina Galeana fue señalada por la desaparición de dichas grabaciones, aunque durante años negó que hubieran existido.
Con los nuevos testimonios, la Fiscalía busca establecer quién ordenó retirar, ocultar o destruir las imágenes y por qué, una de las preguntas que han permanecido sin respuesta desde los primeros meses de la investigación.
Aguirre Rivero permanece detenido y deberá enfrentar el proceso ante un juez federal. Las declaraciones de los colaboradores y las nuevas pruebas tendrán que ser valoradas judicialmente para determinar si efectivamente acreditan la responsabilidad del exgobernador, quien mantiene la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria.Dos exfuncionarias de Guerrero y un exsecretario de Seguridad habrían aportado testimonios contra Ángel Aguirre por el caso Ayotzinapa
Ciudad de México.– La investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) que llevó a la detención del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, se habría fortalecido con declaraciones de antiguos funcionarios estatales que estuvieron vinculados con las investigaciones de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
De acuerdo con información atribuida al periódico Reforma, dos de las personas que habrían colaborado con la Fiscalía son Lambertina Galeana Marín, expresidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, y Blanca María del Rocío Estrada Ortega, exsubprocuradora estatal. Ambas habrían obtenido un criterio de oportunidad a cambio de aportar información a la investigación.
La participación de Galeana Marín resulta particularmente relevante debido a que durante su gestión se encontraba bajo resguardo el sistema de videovigilancia del Palacio de Justicia de Iguala, cuyas grabaciones correspondientes a la noche del 26 de septiembre de 2014 desaparecieron.
El tema de esos videos no es nuevo dentro de la investigación. Desde años atrás, autoridades y organismos investigadores habían señalado inconsistencias respecto a la existencia, resguardo y posterior desaparición de las grabaciones. Incluso, documentos y testimonios previos han referido que las cámaras del Palacio de Justicia registraron movimientos relacionados con los hechos ocurridos aquella noche.
Testimonio de Leonardo Vázquez también apunta hacia Aguirre
A estas declaraciones se habría sumado el testimonio de Leonardo Octavio Vázquez Pérez, quien se desempeñó como secretario de Seguridad Pública y Protección Civil de Guerrero durante el gobierno de Aguirre Rivero.
Vázquez Pérez fue detenido en octubre de 2022, señalado por la FGR por delitos relacionados con delincuencia organizada y por su presunta responsabilidad por omisión en los hechos de Iguala. Desde entonces se encontraba sujeto a proceso. La existencia de una orden de aprehensión en su contra por delincuencia organizada y desaparición de los estudiantes fue reportada desde ese año.
Según la nueva línea de investigación de la FGR, después de obtener beneficios procesales, Vázquez habría rendido nuevas declaraciones ministeriales que fueron incorporadas al expediente contra el exgobernador.
Su testimonio, junto con las declaraciones de otras personas y el reanálisis de las evidencias, habría permitido a la Fiscalía sostener que Aguirre Rivero presuntamente ordenó ocultar o destruir los videos de las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala.
La acusación resulta particularmente relevante porque esas imágenes podrían haber aportado información sobre los movimientos de los estudiantes y de las corporaciones policiacas durante la noche en que fueron atacados y posteriormente desaparecidos.
Una nueva línea en una investigación de 12 años
La detención de Aguirre representa un nuevo giro en una investigación que comenzó hace casi 12 años y que ha atravesado distintas etapas, versiones oficiales y procesos judiciales.
El 26 de septiembre de 2014, estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa fueron atacados en Iguala y posteriormente 43 de ellos fueron desaparecidos. Aguirre era entonces gobernador de Guerrero y dejó el cargo en octubre de ese año, en medio de la crisis política provocada por el caso.
La FGR sostiene ahora una hipótesis centrada en el presunto ocultamiento y destrucción de evidencia, mientras que la investigación también contempla responsabilidades relacionadas con la obstrucción de la justicia y la desaparición de personas.
El caso de los videos del Palacio de Justicia ya había sido señalado como una de las irregularidades que debían esclarecerse. Incluso, en investigaciones anteriores se documentó que Lambertina Galeana fue señalada por la desaparición de dichas grabaciones, aunque durante años negó que hubieran existido.
Con los nuevos testimonios, la Fiscalía busca establecer quién ordenó retirar, ocultar o destruir las imágenes y por qué, una de las preguntas que han permanecido sin respuesta desde los primeros meses de la investigación.
Aguirre Rivero permanece detenido y deberá enfrentar el proceso ante un juez federal. Las declaraciones de los colaboradores y las nuevas pruebas tendrán que ser valoradas judicialmente para determinar si efectivamente acreditan la responsabilidad del exgobernador, quien mantiene la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria